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Todos los responsables de la destrucción del Puertito de Adeje y de su aprobación incumpliendo las leyes y de la no paralización definitiva del macroproyecto especulativo-inmobiliario, que no turístico, deben dimitir primero y luego sentarse en el banquillo de acusados por conspiración para el delito y corrupción debiendo pagar por los crimenes ambientales y sobre el patrimonio natural y arqueológico. Que paguen y que caiga todo el peso de la ley.

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