«…Esta transformación no es una casualidad del destino, ni el resultado de fuerzas incontrolables del mercado; es, por el contrario, la consecuencia directa de una «alfombra roja» desplegada con deliberación por una clase política corrupta».

Antonio Rguez. Lopez

Canarias, durante décadas el buque insignia del turismo español y europeo, ha experimentado una metamorfosis silenciosa pero devastadora. Lo que la narrativa oficial ha vendido como un «éxito turístico» ininterrumpido ha sido, en realidad, una sofisticada pantalla de humo. Detrás de la postal idílica de sol y playa, el archipiélago se ha convertido en un vasto y eficiente lavadero de dinero negro europeo e internacional, con origen en las actividades más oscuras del crimen organizado.

Esta transformación no es una casualidad del destino, ni el resultado de fuerzas incontrolables del mercado; es, por el contrario, la consecuencia directa de una «alfombra roja» desplegada con deliberación por una clase política corrupta. Estos actores, por acción u omisión, no solo han permitido, sino que han facilitado activamente la entrada y consolidación de las mafias europeas, sacrificando el futuro sostenible y la esencia social de Canarias en el altar de intereses económicos espurios y personales.

El atractivo de Canarias para el capital ilícito es multifactorial y estratégicamente conveniente. Su aparente prosperidad económica, impulsada por el turismo masivo, genera un flujo constante de dinero y transacciones que permiten camuflar con facilidad movimientos financieros de origen dudoso. Pero, más allá de la fachada turística, lo que realmente atrae a las redes criminales es la laxitud en los controles, la escasez de recursos para la fiscalización y la preocupante permeabilidad de sus instituciones, tanto política como judiciales.

El sector inmobiliario, en particular, se ha erigido como el vehículo predilecto para estás operaciones de blanqueo. La facilidad y velocidad con la que se adquieren propiedades de alto valor, a menudo a través de complejas estructuras societarias internacionales y sin una trazabilidad clara del origen de los fondos, ha encendido las alarmas en los organismos internacionales y entre los expertos en lucha contra el crimen organizado. Paradójicamente, estas advertencias y señales de alerta parecen haber sido sistemáticamente ignoradas o minimizadas por una parte significativa de las autoridades locales y nacionales responsables de la supervisión. Canarias, antes sinónimo de un merecido descanso, se ha convertido, cada vez más, en un sinónimo de opacidad financiera y especulación desenfrenada, donde el sol brilla sobre una red de sombras económicas.

La Invasión Inmobiliaria: Cuando el Lujo Camufla el Blanqueo y Distorsiona el Mercado

«Por un lado, participan en el negocio legítimo de la intermediación de propiedades de alto standing, satisfaciendo a clientes con capacidad económica. Pero, por otro lado, y de forma más insidiosa y sistémica, facilitan o son directamente partícipes en operaciones de blanqueo de capitales«

El paisaje urbano y costero de Canarias ha experimentado una mutación drástica y acelerada en las últimas dos décadas. Las construcciones de apartamentos y complejos residenciales, antaño destinadas principalmente al turismo de masas, han dado paso a una proliferación sin precedentes de inmobiliarias europeas especializadas en residencias y ventas de lujo.

Este fenómeno no responde a una demanda orgánica creciente de la población local, ni siquiera de un turismo de alto poder adquisitivo que busca establecerse de forma legítima. Más bien, se trata de un desembarco masivo de actores —algunos con nombres de resonancia internacional, otros con perfiles más discretos pero con vastas redes financieras y jurídicas— que operan con un doble propósito. Por un lado, participan en el negocio legítimo de la intermediación de propiedades de alto standing, satisfaciendo a clientes con capacidad económica. Pero, por otro lado, y de forma más insidiosa y sistémica, facilitan o son directamente partícipes en operaciones de blanqueo de capitales.

Las villas suntuosas en primera línea de mar, los apartamentos con vistas panorámicas que antes eran solo un sueño para la clase media local, y los complejos residenciales exclusivos con servicios de alta gama, se han convertido en la moneda de cambio para fondos cuya procedencia es, en el mejor de los casos, difusa y, en el peor, claramente ilícita.

Los precios de estas propiedades desafían cualquier lógica del mercado local o del poder adquisitivo de la población canaria. Una vivienda que en el mercado nacional tendría un valor determinado, en ciertas zonas de Canarias se vende con una prima que solo se explica por la necesidad de «limpiar» grandes cantidades de dinero. No se busca necesariamente una rentabilidad tradicional basada en el alquiler o la revalorización del inmueble en el tiempo, sino más bien la integración de fondos ilícitos en el sistema financiero legal a través de la adquisición de bienes tangibles. Esta «prima por blanqueo» distorsiona completamente los valores del suelo y la propiedad,
encareciendo todo el espectro inmobiliario.

«La compra de propiedades se convierte así en un mero recibo de blanqueo, un sello de legitimidad para fondos de origen criminal,consolidando a Canarias como un punto caliente en el mapa del lavado de dinero«

El modus operandi es, en muchos casos, un patrón bien conocido por las agencias anti-blanqueo. Se adquieren inmuebles a precios inflados, muy por encima de su valor real
de mercado, lo que permite inyectar más dinero sucio en una sola transacción sin levantar sospechas inmediatas sobre el diferencial. Las operaciones se realizan a menudo a través
de complejas estructuras societarias offshore o con empresas fantasma, domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones con baja fiscalidad y laxos controles regulatorios.

Estas capas de intermediarios y sociedades anónimas dificultan enormemente el rastreo del dinero hasta su origen criminal, creando un muro de opacidad casi impenetrable para los investigadores. Además, se aprovechan las lagunas en la legislación o, lo que es más preocupante, la crónica falta de recursos humanos y tecnológicos en las unidades de
inteligencia financiera, las inspecciones de hacienda y los cuerpos y fuerzas de seguridad para una supervisión efectiva de las transacciones de alto volumen. En ocasiones, la pasividad no es solo una cuestión de recursos, sino de una complicidad velada o explícita de algunos funcionarios o élites que se benefician directa o indirectamente de este flujo de
capital.

Este flujo constante de capital opaco no solo distorsiona el mercado inmobiliario, encareciendo la vivienda para todos los segmentos de la población, sino que inyecta capital
no productivo en la economía. Este capital no genera empleo de calidad ni desarrollo sostenible a largo plazo; por el contrario, crea una burbuja especulativa artificial que, al inflarse sin control, amenaza con estallar y arrastrar consigo a la economía real y al bienestar social de la comunidad canaria. La compra de propiedades se convierte así en un mero recibo de blanqueo, un sello de legitimidad para fondos de origen criminal,consolidando a Canarias como un punto caliente en el mapa del lavado de dinero de Europa, un lugar donde el lujo es a menudo la máscara de la ilicitud.

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