☆ Decenas de organizaciones ciudadanas nacen por todo el Estado para hacer frente a la subida de los alquileres, un negocio especulativo impulsado por fondos de inversión y el auge de los arrendamientos turísticos.
FAGC / Sindicato de inquilinos – elsaltodiario.com
Conxita Torner vive en L’Eixample, en Barcelona, barrio en el que nació. Con un contrato de 15 años, pagaba por su piso, donde vive junto a su marido y tres hijos, 1.050 euros. Hace poco le tocó renovar el contrato, y la empresa propietaria de su vivienda —Uisa Sapi— le subió el alquiler a 2.000 euros mensuales. Negociaron y consiguieron que el alquiler se quedara en 1.500 euros al mes para los próximos dos años, y a partir de entonces, 1.600 euros al mes. Un 50% más de lo que pagaban hasta ahora.
Natividad Campodarbe también vivía en Barcelona, concretamente en Poble Nou. Después de 25 años en la misma vivienda, por la que pagaba 600 euros mensuales, recibió una carta en la que se le exigía que abandonara en un plazo de dos meses. Intentó negociar, pero el propietario de su vivienda, que lo es también de todo el edificio y de tres cuartas partes de toda la manzana, le dijo que no. Intentó organizarse con los vecinos, pero ninguno más había recibido cartas para que abandonaran sus viviendas. Buscando pisos por un precio parecido al que pagaba terminó en Tarragona. “Si nos hubiéramos organizado, se podría haber solucionado este problema, pero nadie quiso porque pensaban que no les iba a afectar”, lamenta.
Seguir leyendo en
Canarias Decolonial 